Más de 100 agentes de la ICE llevaron a cabo, este Jueves, una redada en una fábrica de proveedores de impresoras en el Valle de San Fernando, tomando bajo custodia a 120 empleados que permanecían ilegalmente en el país y arrestado a ocho de los mismos bajo cargos criminales, informaron las autoridades, según el diario San Francisco Chronicle. La redada realizada en la Empresa Micro Solutions comenzó alrededor de las 3:30 p-m., declaró Virginia Kice, vocera de la ICE, quien aseguró que los fundamentos para esta orden criminal que condujo a la redada era información clasificada. Todas las 120 personas que fueron tomadas bajo custodia por estatus migratorios ilegales también fueron entrevistadas de acuerdo a lo que Kice ha calificado como “razones humanitarias.” Cerca de 40, incluyendo a personas de edad avanzada y a aquellos con hijos menores, fueron puestas en libertad y en espera de una audiencia ante un juez migratorio, agregó Kice.

Un juez federal ha sostenido los méritos de la ley de sanciones a empleadores tan conocida en Arizona este Jueves, al declarar que no interfiere con la autoridad federal del gobierno para regular la inmigración ilegal. El Juez de Distrito de los Estados Unidos, Neil Wake, rechazó los argumentos presentados por una coalición de grupos de Latinos de derechos civiles, así como de negocios que exponían que la ley otorga, inconstitucionalmente, al estado, el control sobre la inmigración. Wake señaló que la ley estatal controla las licencias de negocios y que no determina quién pudiera ser admitido en los Estados Unidos. Wake dictaminó que la ley “no hace que los empleadores estén conformes con un estricto estándar de conducta, más que la propia ley federal,” según el diario Arizona Rrepublic. Wake también encontró que la ley otorga a los empleadores con los debidos procesos. Cualquier apelación inmediata ha sido planeada junto con una petición en torno a la falta de una orden judicial, según han informado abogados de los grupos de negocios.