Las autoridades están destinando más tiempo y dinero para identificar a inmigrantes ilegales que se encuentran internados en la cárcel del Condado de Los Angeles. El Departamento del Sheriff está utilizando $500,000 dólares para expandir la investigación de reos y aumentar el personal que conduce entrevistas de ocho a 13 personas.

En años recientes, más de 10,000 reos en la cárcel han sido referidos a las autoridades federales para posible deportación.

Oficiales del Sheriff dijeron que la investigación del estatus de inmigrantes ilegales asegura que quienes cometen crímenes sean deportados y en lugar de liberados de regreso en la comunidad angelina.

Pero aún con los nuevos fondos, los oficiales dijeron que no serán suficientes para entrevistar a todos los reos nacidos fuera del país.

El Departamento del Sheriff empezó a entrevistar reos a principios del 2006, haciendo del Condado de Los Angeles el primero en California que coopera con las autoridades federales para el enforzamiento de las leyes migratorias en las cárceles.

Aproximadamente 4,000 reos -una quinta parte de la población carcelaria- son nacidos en el extranjero. 

En Arizona, cientos de inmigrantes tanto legales como indocumentados están siendo regresados a sus países de orígen, en ocasiones en contra de su voluntad, para que reciban tratamiento médico allá debido a que carecen de seguro médico.

En algunos casos, el FBI y la policía, respondiendo a acusaciones de secuestro, han sido llamados a detener dichas remociones forzadas, dijeron abogados de los pacientes. 

En un caso reciente, una bebé enferma que es ciudadana Norteamericana hija de un inmigrante indocumentado estaba siendo trasferida por helicóptero a una ambulancia aérea para que la volaran a un hospital de México cuando la policia de Tucson intervino y regresó a la niña al hospital.

Las remociones forzadas son el resultado de leyes federales y estatales que ordenan que sólo ciudadanos Norteamericanos sean elegibles para recibir Medicaid (un seguro médico que el gobierno ofrece a personas pobres). Como resultado, los hospitales estatales se ven presionados a transportar a sus países de orígen a quienes no son ciudadanos, aún si están legalmente en el país, con el hospital pagando los costos de hasta $100,000 dólares por caso.

La historia entera (en Inglés) se encuentra aquí.